OPINION: Carta abierta al presidente.Uno de 700.000

Autora: Coral Amorrortu de Mesones

Carta abierta al presidente:

Uno de 700.000

—“Y tú estás estudiando a tope?”

—“Lo intento, pero ya no rindo como antes, ya me falla la vista y también la capacidad de concentración. Después de un día entero de trabajo fuera, y luego dentro de casa, no tengo fuerzas ni para mantener los ojos abiertos...”

Esa es la tragedia de los que tienen cargas familiares, tienen más de 50 o están quemados de tanto estudiar y examinarse cada dos años en diferentes puntos de la península para oposiciones donde salen cuatro plazas contadas...

Hay personas que empezaron a opositar después del 94 -donde se estabilizó mediante examen de oposición no eliminatorio a miles de interinos-; personas que empezaron a opositar a veces ya con niños pequeños a su cargo y que no han parado de estudiar y examinarse desde entonces mientras paralelamente llevan una vida de responsabilidades familiares y trabajo en las mismas plazas a las que les están negando el acceso a la estabilidad mientras esos mismos empleadores crean para esas personas una estabilidad de facto mediante nombramientos o contratos encadenados sin limite, incluso durante décadas.

Maria toma la taza de té entre sus dedos y pesadamente la acerca a sus labios intentando atinar, aunque le tiemblan las manos...

—“Llega un momento en que sencillamente ya no puedes más: este año estoy agotada, no soy capaz de rendir lo suficiente en esto, que supone un terrible esfuerzo mental para el que yo ya, estoy sin fuerzas.”

No nos engañemos: una persona no es igual a los 20 años que a los 50, y más aún después de años de trabajo, en la mayoría de los casos con doble jornada -laboral y familiar- y con una capacidad de estudio que es mucho menor a las edades más avanzadas, a pesar de que el conocimiento de lo que se lleva haciendo durante años y de toda su problemática general y particular es mucho mayor.

—“Cuando han anunciado oposiciones en marzo se me ha caido el alma a los pies. Por primera vez en mi vida me encuentro sin fuerza mental para estudiar a tope”

Maria tiene 53 años, tres hijos y toda una vida dedicada al estudio, pero también toda una vida viendo cómo la administración se comporta fraudulentamente, año tras año, y en todas las administraciones y comunidades autónomas, guardándose las plazas, tirando a la basura oposiciones aprobadas, poniendo exámenes imposibles y creando condiciones de examen que impiden fehacientemente la correcta ejecución de las pruebas...

—“Ahora quieren enmendar un fraude cometido durante décadas y simplemente rompen la baraja, cambian de la noche a la mañana las reglas del juego y con eso nos echan a miles de personas a la calle, como si después de años en este trabajo fuera fácil una recolocación laboral”

A María se le llenan los ojos de lágrimas y el cristal de sus pupilas deja ver aún con mayor claridad la debilidad hacia la que avanza con ya mas de 50 años de edad y muchas horas a la espalda de trabajo como funcionaria interina de la administración pública.

—“Nosotros entramos y comenzamos una vida de compromisos bajo el acuerdo tácito de que, cumpliendo unos ciertos requisitos de formación y baremo cada año, y manteniendo buenos puestos en las listas de interinos mediante buenas notas de examen, podíamos, algún día, ganar la plaza y sobre esa base nos atrevimos a asumir responsabilidades dentro de nuestra sociedad."

Yo ya no tengo capacidad de sacar plaza, de competir en condiciones de igualdad con personas que aún están frescas y libres, con todo su tiempo a su disposición y con toda su fuerza radiante...Tú crees que a mí me queda ya alguna fe?”

Maria dejó caer su mano, la cucharita, en sus dedos, chocó violentamente contra el platito del café y se derramaron unas gotas que, oscuras, dibujaron una lluvia como de lágrimas alrededor de la taza.

—“Perdona, hoy no doy ni una...”

Las condiciones de acceso a la función pública, no solo han sido fraudulentas debido a la concatenación de contratos temporales en cientos de miles de trabajadores sino que, al menos durante estos últimos 17 años, las administraciones públicas se han negado a cumplir con su obligación de sacar las plazas estructurales en oferta de empleo público, abusando del uso de los recursos de la interinidad y temporalidad y condenando a cientos de miles de trabajadores a la precariedad laboral,  negándoles el derecho al acceso a las plazas en condiciones justas y en los momentos durante los cuales aún tenían capacidad de competir con otros opositores.

La administración ha faltado y falta cada vez que celebra oposiciones a su respeto a la igualdad porque equipara a funcionarios interinos con personas que no mantienen ni han mantenido los mismos lazos laborales con la administración pública, condicionando la valoración de estos méritos de experiencia y formación continua a un examen que nada tiene que ver con la naturaleza del trabajo a desarrollar una vez que se ha obtenido una plaza y cuyas condiciones para ser aprobado no suponen ningún conocimiento de las habilidades fundamentales requeridas para realizar el trabajo intrínseco a dicha plaza. Ni la igualdad, ni el mérito, ni la capacidad se miden en estos exámenes fraudulentos que, especificando claramente concurso-oposición en su nomenclatura, son realizados de facto como una oposición-concurso que desprecia e ignora el conocimiento, experiencia y dominio de los trabajadores que llevan años realizando su trabajo correctamente y a los que las distintas administraciones han recurrido repetida e ininterrumpidamente mediante nombramientos y contratos  concatenados durante años.

—“Yo estoy de vuelta en este sistema porque él mismo se ha encargado de destruirme: me ha chupado la sangre hasta el extremo y me ha exprimido hasta dejarme sin fuerzas: ahora que ya no puedo más soy responsabilidad suya y, si tienen que estabilizar el empleo porque asi lo dicta la Union Europea, entonces tienen que estabilizar a los trabajadores a quienes han estado utilizando durante tantos años contra la ley y no los puestos, como si las personas que los hemos venido manteniendo no tuviéramos cara, ni dignidad, ni derechos.”

María es uno de tantos interinos ha quienes la administración ha estafado, contratándola o nombrándola como interina o temporal pero utilizándola como personal estable de la administración. María no pide otra cosa que el reconocimiento del estatus que de facto ya tiene: tiene una antigüedad que avala la propia administración en el reconocimiento de sus trienios. Y uno se pregunta: por qué trienios? Pues porque cuando un trabajador alcanza los tres años de empleo en la misma empresa la Directiva Europea 1999/70 exige que sea hecho trabajador indefinido. Así lo exige la ley europea y el estatuto de los trabajadores vigente.

El estado español lleva 17 años saltándose esta norma a la torera y la Unión Europea ha insistido en exigir y subrayar la necesidad de mantener un trato respetuoso a los trabajadores, incluidos los de las administraciones públicas, estabilizando en el empleo a todos a aquellos que hayan encadenado contratos durante tres años.

El gobierno español y los gobiernos autonómicos pretenden despedir a los trabajadores que cumplen esta condición sin asumir su obligación de estabilizar su empleo, incumpliendo la normativa contra el empleo precario, de modo que ya no tenga empleados en precario porque simplemente se los ha sacudido de encima a través  de despidos amparados en la cobertura de plazas por nuevos funcionarios mediante oposiciones que no valoran la experiencia más que de modo marginal y a posteriori, después de una prueba donde la juventud y la falta de cargas juegan un papel ganador. De este modo sus trabajadores interinos y temporales de larga duración son expulsados a la calle de forma indigna e ilegítima a edades a las que ya no tienen capacidad para realizar otro tipo de trabajo y con una formación -vasta- que no se adapta a otro tipo de empleo.

—“Y que voy a hacer ahora, si no sé hacer otra cosa? Si llevo 20 años haciendo este trabajo? Quién va a mantener a mi familia? Mi hijo Andrés ya esta opositando, pero, y los pequeños?”

Se da el curioso caso de que muchos de los opositores noveles son hijos de profesores interinos, de que estos jóvenes están estudiando en casa mientras sus madres y padres están trabajando y cuidando de sus familias sin poder estudiar, y llevando a casa el mismo sueldo que permite a esos hijos opositores estudiar despreocupadamente todas las horas que puedan pagar  costosos cursos y títulos y  tener un hogar donde vivir protegido y mantenido mientras disputan a sus padres y madres las plazas de funcionario. Pregúntense: Cuando se celebren las oposiciones, quién va a tener más posibilidades de obtener la plaza tras unos exámenes memorísticos y eliminatorios que no contemplan la experiencia? La madre/el padre, o el hijo? Y gracias a quién? A su padre o madre, desde luego, que trabaja para el o la joven y que quedará en paro porque estos gobiernos y gobiernuchos irresponsables y perversos desean eliminar el personal interino de larga duración sin miramientos para dar esas plazas a los nuevos funcionarios por oposición donde se da ventaja a los opositores que esos mismos interinos longevos han criado y mantenido para que puedan disputarles esas mismas plazas. Qué triste estampa, hasta pensarlo rompe el alma!

¿Esperamos que sean ahora los hijos los que mantengan a sus padres y a sus hermanos? Porque eso es lo que estamos haciendo cuando equiparamos a personas que son tan dispares en condición y en función como si fueran iguales. Cuando en las oposiciones se trata con igualdad a unos y a otros se está cometiendo una falta por  desigualdad flagrante y fraudulenta en el concurso-oposición mediante el simple procedimiento de invertir los términos y realizar una oposición-concurso en lugar de lo que se convoca, que es un concurso-oposición.

La dramática diferencia  entre estos dos términos concurso-oposición y oposición-concurso -con el nombre invertido-, que es como se vienen llevando a cabo durante los últimos años, es que en la primera fase se realiza un examen memorístico que se usa como prueba eliminatoria con el que se trata de eliminar a casi el 90% de los opositores sin establecimiento previo del nivel de conocimientos correspondiente a cada calificación, de modo que las notas otorgadas son caprichosas y condicionadas al número de opositores y plazas, y no a la calidad de cada examen, sino a la única meta de reducir el numero de aspirantes a la minima expresión, vetando así el paso a la fase de concurso a miles de personas, e impidiendo la valoración de su antigüedad, formación y experiencia en el trabajo a realizar, a la mayoría de los laborales, estatutarios e interinos longevos y de largo recorrido que ya están en activo dentro de la administración y ocupando las mismas plazas que salen en oferta publica. Se ignoran así todos los años de experiencia, todo el conocimiento acumulado y todas las habilidades adquiridas, al contrario de lo que indica el propio nombre del procedimiento, concurso (primero)-oposición, donde el concurso es lo que primero que se menciona y lo primero que, por lo tanto, se debería valorar, dando así entrada preferente a los empleados de mayor antigüedad y no al contrario. De este modo se evade el compromiso laboral que tal y como dicta la norma europea 1999/70 supone haber adquirido una antigüedad en la misma empresa -aunque esta sea pública- de tres años.

Siendo la situación actual de transición al cumplimiento de esa norma, y debido a la cual el gobierno desea reducir la tasa de interinidad al 8% (lo que significa que la aplastante mayoría de los interinos hoy en activo no vamos a tener trabajo como tales), en la norma que rige a los empleados públicos -sin distinción de que éstos sean funcionarios de carrera o funcionarios interinos, laborales o estatutarios-, el Estatuto Básico de Empleado Publico, establece en su punto 61 que se podrán celebrar, en ocasiones excepcionales, procedimientos de acceso al empleo público mediante el único procedimiento del concurso de méritos. Y un cambio de norma de comportamiento en cuanto a la estabilidad en el empleo público, como exige ahora la Union Europea a todos sus países miembros, es sin duda, una situación excepcional, que supone un cambio de estrategia y un respeto permanente a la norma que establece que tres años de antigüedad implican fijeza en el puesto, cosa que nunca antes se había considerado en las administraciones públicas a la hora de contratar o nombrar funcionarios, laborales o estatutarios en régimen de interinidad o temporalidad.

María se ha levantado de la mesa, su hijo Kevin sale ahora del colegio; sus llaves sobre la mesa, su bolso negro, María intenta mantener su dignidad pero en su interior se ha provocado una sima, se ha abierto un abismo negro e inescrutable; se ve de frente a sí misma en el espejo del café, y su cutis caído, sus ojeras y sus pocos kilos de más le recuerdan que ya no es la joven que luchaba por su futuro y que en el momento más delicado de su vida, cuando ya es débil pero aún es responsable de otras personas, el estado corrupto y perverso que tenemos en España con minúsculas ha cargado contra ella, contra su propio pueblo.

No hay mas palabras.

Titulares: “Hoy ha amanecido un nuevo inquilino en La Moncloa.”

María es uno de 700.000. Quizá hoy se atreva a volver a confiar. En tu mano está.